En una decisión que marca un hito en el control migratorio de Estados Unidos, la policía del estado de Texas ha comenzado a implementar este fin de semana la controvertida ley SB4. La medida entra en vigor tras un fallo del Tribunal de Apelaciones del 5º Circuito que permite a las autoridades locales arrestar, encarcelar y gestionar la expulsión de cualquier persona que no pueda acreditar su ingreso legal al país.
El requisito fundamental es la comprobación del estatus legal. Bajo este nuevo marco jurídico, el ingreso irregular a Texas desde territorio extranjero se tipifica ahora como un delito estatal, otorgando facultades a agentes de policía estatales y municipales que tradicionalmente eran exclusivas del gobierno federal.
Las claves del nuevo escenario legal:
- Poder de detención: Los oficiales pueden arrestar a personas bajo sospecha razonable de haber cruzado la frontera fuera de los puertos de entrada oficiales.
- Órdenes de expulsión: Los jueces de Texas están facultados para ordenar el retorno de los detenidos hacia México, independientemente de su nacionalidad.
- Penas severas: Quienes se nieguen a cumplir con la orden de expulsión enfrentan condenas de hasta 20 años de prisión.
Una batalla judicial en curso
La implementación se dio de manera inmediata luego de que el tribunal levantara el bloqueo que mantenía la ley en pausa desde finales de 2023. Los magistrados argumentaron que las organizaciones que impugnaban la norma no tenían la legitimación necesaria para frenarla, permitiendo así la victoria política del gobernador Greg Abbott.
Mientras que las autoridades de Texas defienden la medida como una herramienta necesaria para la seguridad pública, organizaciones de derechos humanos y el gobierno de México han expresado su rechazo, advirtiendo sobre el riesgo de perfilamiento racial y la violación de tratados internacionales. Se espera que la constitucionalidad de la SB4 sea finalmente decidida por la Corte Suprema de Estados Unidos.
