El fiscal general Paxton investiga a las escuelas de El Paso, Texas, por la ley de los Diez Mandamientos.

En un movimiento que intensifica el debate sobre la religión en las escuelas públicas, el Fiscal General de Texas, Ken Paxton, anunció formalmente una investigación estatal contra el Distrito Escolar Independiente de El Paso (EPISD) y otros 28 distritos de la región, alegando el incumplimiento de las leyes estatales que exigen la exhibición de símbolos religiosos en las aulas.
El núcleo del conflicto
La investigación se centra en la Ley del Senado 10 (SB 10), la cual estipula que todas las escuelas públicas deben exhibir un póster de los Diez Mandamientos en cada salón de clases, siempre y cuando estos sean donados por la comunidad. Paxton busca verificar si EPISD ha bloqueado activamente estas donaciones o si ha fallado en su deber de instalarlas.
Además de los carteles, la Procuraduría General investiga si las juntas escolares cumplieron con la SB 11, una normativa que obligaba a los distritos a realizar una votación antes del 1 de marzo sobre la implementación de un periodo opcional para la oración y la lectura de textos religiosos.
Un cambio en el panorama legal
Esta ofensiva legal de Paxton se produce apenas semanas después de que la Corte de Apelaciones del 5.º Circuito de EE. UU. emitiera un fallo histórico el pasado 21 de abril. Dicha resolución revocó un bloqueo judicial previo, otorgando a Texas la vía libre para aplicar estas leyes al considerar que la exhibición de los mandamientos, bajo ciertas condiciones, no infringe la Cláusula de Establecimiento de la Primera Enmienda.
Reacción de los distritos
Por su parte, el Distrito Escolar Independiente de El Paso emitió un breve comunicado en el que asegura estar en total cumplimiento con el marco legal vigente. “EPISD respeta las leyes del estado de Texas y ha tomado las medidas necesarias para asegurar que nuestras operaciones se alineen con los requisitos actuales”, declaró un portavoz del distrito.
Mientras tanto, otros distritos del Condado de El Paso, como Ysleta y Socorro ISD, han comenzado a recibir y colocar los carteles para evitar posibles sanciones estatales o recortes en su financiamiento.
Lo que sigue
Se espera que la oficina del Fiscal General exija registros de comunicaciones internas y actas de las juntas escolares de los 29 distritos señalados. De encontrarse irregularidades, el estado podría imponer multas administrativas o llevar a los distritos ante los tribunales para forzar el cumplimiento inmediato de la norma.

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