Los gobiernos de México y el estado de Texas mantienen un diferendo territorial y diplomático luego de que la Oficina General de Tierras de Texas (GLO, por sus siglas en inglés) declarara de manera unilateral que nueve islas ubicadas en el cauce del río Bravo son propiedad estatal, con el propósito de permitir el despliegue de fuerzas de seguridad en dichos puntos.
De acuerdo con el anuncio realizado por la comisionada de Tierras de Texas, Dawn Buckingham, la declaratoria abarca nueve islotes conocidos como Nixon, La Bota, Tex Mex 2, McKendricks, Lost Boot, Clark, Zachary, Miller y Miller 2, los cuales suman una superficie aproximada de 66 acres (alrededor de 26,7 hectáreas) a lo largo de la franja fronteriza comprendida entre Laredo y McAllen, frente al estado mexicano de Tamaulipas.
Según las autoridades texanas, la determinación se basó en un estudio técnico solicitado previamente por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP). El gobierno estatal argumenta que formalizar la titularidad de estos terrenos permitirá a las agencias policiales ingresar y patrullar las islas para evitar que sean utilizadas como refugio u operación por grupos delictivos, traficantes de personas y contrabandistas.
Rechazo del Gobierno de México y marco legal
En respuesta a la medida, el Gobierno de México —a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y de la presidenta Claudia Sheinbaum— rechazó de forma tajante la declaración texana, subrayando que un gobierno estatal carece de facultades constitucionales o internacionales para delimitar fronteras o adjudicarse soberanía sobre territorio en el límite binacional.
La cancillería mexicana recordó que la frontera entre ambos países se rige por tratados internacionales vigentes, específicamente por el Tratado de Límites de 1970, el cual establece que la línea divisoria corre por el centro del cauce normal del río Bravo. Asimismo, precisó que la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA) es la única instancia binacional con competencia técnica y jurídica para determinar a qué país pertenece cada formación insular derivada de los cambios naturales en la corriente del río.
Especialistas en derecho internacional y asuntos fronterizos señalan que el conflicto radica en la distinción entre la titularidad interna de la tierra dentro de Estados Unidos y la soberanía nacional, advirtiendo que cualquier alteración o intervención unilateral en el cauce internacional debe ser revisada mediante los mecanismos diplomáticos establecidos entre Washington y la Ciudad de México.





