Alemania y Afganistán han cerrado un acuerdo confidencial para reanudar de forma masiva las deportaciones de ciudadanos afganos. Este pacto marca un giro drástico en la política exterior y de asilo del Gobierno alemán. Según informes de la prensa germana, las negociaciones se llevaron a cabo bajo estricto secretismo en Doha, Catar. El proceso ha permitido establecer un canal directo de devolución con el régimen talibán, a pesar de que Berlín no lo reconoce formalmente como un Gobierno legítimo.
El Ministerio del Interior de Alemania ha evitado ofrecer detalles públicos sobre el contenido del documento debido a la extrema sensibilidad diplomática del pacto.
Vuelos chárter directos y delincuentes prioritarios
El plan operativo modifica sustancialmente el esquema de expulsiones utilizado hasta la fecha:
- Conexión directa: Las devoluciones ya no se realizarán a través de terceros países, sino mediante vuelos chárter directos desde aeropuertos alemanes hacia Kabul.
- Perfil de los deportados: Las autoridades alemanas priorizarán la expulsión de personas con condenas firmes por delitos graves y ciudadanos catalogados como “delincuentes peligrosos” (Gefährder).
- Gestión informal: Para esquivar el reconocimiento oficial del régimen talibán, el acuerdo se ejecutará a nivel técnico y consular mediante delegaciones intermediarias y agencias de seguridad.
- Financiación estatal: El Ejecutivo alemán asumirá de forma íntegra los costes logísticos de los traslados y otorgará una ayuda económica básica de reinserción a los retornados a su llegada.
Presión interna y rechazo de las ONGs
La reactivación de las deportaciones responde a la fuerte presión política que afrontan el canciller Olaf Scholz y la ministra del Interior, Nancy Faeser. El debate migratorio se intensificó en el país tras varios ataques de alto perfil cometidos por ciudadanos extranjeros, lo que aceleró la búsqueda de medidas de expulsión efectivas. Alemania mantenía suspendidas estas devoluciones desde agosto de 2021, cuando los talibanes tomaron el poder en Kabul.
El anuncio del acuerdo secreto ha desatado duras críticas por parte de diversas organizaciones de derechos humanos y de apoyo al refugiado. Entidades como Pro Asyl han condenado el pacto de forma enérgica, alertando de que se vulnera el principio internacional de no devolución al enviar a estas personas a un país donde corren riesgo de sufrir torturas o ejecuciones extrajudiciales. Por el contrario, el Gobierno confía en que la medida sirva como un elemento de disuasión frente a la inmigración irregular.
