El anuncio de la construcción de un centro de detención de migrantes en Fort Bliss, proyectado para ser el más grande de su tipo en el país, ha encendido las alarmas entre las autoridades locales, quienes exigen transparencia, respeto a los derechos humanos y mayor supervisión sobre el proyecto.
La comisionada del Condado de El Paso, Jackie Butler, presentó el pasado viernes una resolución para manifestar su oposición al complejo, valuado en mil millones de dólares y financiado con recursos federales. Butler denunció que el gobierno no consultó al condado antes de iniciar el proyecto y advirtió sobre sus posibles repercusiones.
“Los habitantes de El Paso merecen transparencia cuando se instala un centro de este tamaño en su patio trasero”, afirmó al mostrar su preocupación por no saber quién lo operará, cómo serán tratados los detenidos ni cómo impactará en la infraestructura y seguridad local.
“Eso es inaceptable”, dijo tras resaltar que el condado de El Paso es una comunidad arraigada en la herencia inmigrante, el servicio militar y un compromiso inquebrantable con la dignidad humana y las protecciones constitucionales.
La comisionada del Distrito 1, impulsora de la resolución, expresó su preocupación por el inicio de operaciones de este complejo de 5,000 camas, construido y operado por contratistas privados sin experiencia previa en gestión humanitaria. Según Butler, el gobierno federal nunca informó a las autoridades locales sobre el proyecto, lo que calificó como una falta grave de comunicación y de respeto hacia la comunidad.
De acuerdo con la resolución, el Departamento de Defensa de Estados Unidos adjudicó un contrato de 1,200 millones de dólares a la empresa Acquisition Logistics LLC para construir y operar el centro hasta septiembre de 2027. A la fecha, el Ejército ha destinado más de 232 millones para su construcción y operaciones iniciales, sin que se hayan revelado los planes de personal, criterios de contratación o capacitación.
El documento también advierte sobre el riesgo de condiciones inhumanas, recordando que instalaciones previas de gran escala, con estructuras provisionales, han presentado problemas como calor extremo, higiene deficiente y falta de acceso a servicios médicos y asesoría legal.
La resolución denuncia que incluso a miembros del Congreso, como la representante por El Paso Verónica Escobar, les han negado el acceso a centros de detención de ICE, lo que consideran un atentado contra la supervisión pública y la rendición de cuentas.
Entre los puntos clave, el Tribunal de Comisionados exige al Departamento de Seguridad Nacional, a ICE y a Fort Bliss la divulgación inmediata de los planes operativos, funciones de contratistas y protocolos de trato hacia las personas detenidas. Además, rechaza el uso de instalaciones militares para la detención civil masiva bajo contratos privados opacos.
La propuesta de Butler será discutida en la reunión del Tribunal de Comisionados del condado y contempla exigir reuniones informativas formales, transparencia en los contratos y acceso al sitio para autoridades electas, defensores legales y organizaciones de derechos humanos.
A las críticas se han sumado líderes comunitarios y organizaciones defensoras de los migrantes, así como la propia congresista Verónica Escobar, promotora de la iniciativa Dignity, que impulsa una reforma migratoria integral.
La representante federal calificó el proyecto como un “despilfarro de fondos gubernamentales”, recordando que Estados Unidos ya cuenta con el sistema de detención migratoria más grande del mundo.
“Gran parte de ese dinero se destinará a empresas privadas que buscan limitar nuestra supervisión. En lugar de gastar en más detención, deberíamos invertir en atención médica para veteranos, vivienda asequible y créditos fiscales para familias trabajadoras”, apuntó Escobar.
El centro comenzaría operaciones con capacidad para 1,000 personas, con planes de ampliarse a 5,000, incluso antes de que la construcción finalice en 2027. Según la congresista.
Butler y Escobar coincidieron en que, lejos de resolver el fenómeno migratorio, el nuevo megacentro representa un retroceso en materia de derechos humanos y un uso cuestionable de recursos públicos.
No obstante, y en medio de la polémica, la obra avanza en el contexto de un endurecimiento de las políticas migratorias impulsadas por la administración Trump, que recientemente destinó 170 mil millones de dólares a la expansión del sistema de detención y a reforzar la aplicación de la ley en la frontera.
Durante la discusión de esta resolución se espera un amplio debate sobre el papel de las autoridades locales y la necesidad de salvaguardar los derechos humanos en la frontera.
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