A principios de agosto, Catalina “Xochitl” Santiago llegó al aeropuerto local para tomar un vuelo a Austin. Pero tras pasar por el control de seguridad, dos agentes de la Patrulla Fronteriza se acercaron a Santiago, una inmigrante mexicana de 28 años, le pidieron su identificación y le preguntaron cómo había obtenido una tarjeta de autorización de trabajo.
Santiago, quien llegó a Estados Unidos a los 8 años y se encuentra legalmente en el país a través del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, o DACA, insistió en tener un abogado presente, según un video que grabó con su teléfono celular y que luego se hizo público.
Los agentes le dijeron que los siguiera hasta una habitación y apagara su teléfono.
Desde aquel enfrentamiento en el aeropuerto el 3 de agosto, Santiago ha permanecido recluida en un centro de detención mientras el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) trabaja para deportarla. Desde su arresto, se han producido manifestaciones en Phoenix, El Paso, Chicago y Boston —lugares donde ha colaborado con organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes— exigiendo su liberación.
Un juez de inmigración dictaminó la semana pasada que Santiago no puede ser deportada porque tiene permiso para vivir en Estados Unidos a través de DACA, un programa de la administración Obama que ha dado a muchos inmigrantes indocumentados que llegaron a Estados Unidos cuando eran niños permisos de trabajo y protección temporal contra la deportación.
“Esta decisión es una victoria, pero la lucha no termina hasta que Xochitl sea liberada”, dijo Desiree Miller, esposa de Santiago. “Nuestra familia y comunidad han sufrido cada día desde que se la llevaron. Ahora que el juez desestimó su caso, no debería pasar otra noche detenida. La necesitamos en casa ya”.
Aún así, los abogados de ICE dijeron que apelarían la decisión del juez y la mantendrán en un centro de detención de ICE en El Paso, según Norma Islas, abogada de inmigración de Santiago.
No está claro por qué los agentes de la Patrulla Fronteriza se acercaron a Santiago, pero según la ley federal, los agentes de inmigración tienen derecho a interrogar y registrar a personas sin una orden judicial dentro de las 100 millas de una frontera internacional.
“Las victorias que hemos logrado hasta ahora son importantes, pero son solo el comienzo de la lucha”, dijo Islas durante una manifestación el miércoles por la tarde frente al centro de detención de El Paso, donde unas 30 personas ondeaban carteles exigiendo la liberación de Santiago. “Si tenemos éxito en los méritos de este caso, podemos ayudar a otros beneficiarios de DACA a evitar la detención”.
Santiago nació en Oaxaca, México, y es zapoteca, un grupo indígena. Sus padres la trajeron a ella y a su hermano a Florida, donde sus padres trabajaban como jornaleros agrícolas migrantes. Los niños aprendieron español e inglés en la escuela.
En 2012, Santiago solicitó y recibió DACA y ha renovado su permiso de trabajo de dos años seis veces.
Se convirtió en defensora de los derechos de los inmigrantes, primero en Florida y luego en Boston, antes de mudarse a El Paso hace casi seis años. También trabajó cuidando una pequeña granja comunitaria, donde conoció a Miller.
Durante años, los beneficiarios de DACA se sintieron relativamente a salvo de la deportación. Se concibió como una protección temporal contra la deportación para jóvenes inmigrantes sin antecedentes penales hasta que el Congreso aprobara una legislación que creara una solución permanente. Trece años después de su creación, el Congreso no ha aprobado dicha legislación y la administración Trump ha priorizado la represión contra los inmigrantes indocumentados este año.
El gobierno ha afirmado que se centra en los peores inmigrantes indocumentados, destacando el arresto de personas condenadas por violación, pederastia u otros delitos violentos. Sin embargo, datos gubernamentales muestran que la gran mayoría de los más de 70,000 inmigrantes detenidos hasta agosto no tienen antecedentes penales, según Transactional Records Access Clearinghouse, una organización sin fines de lucro que recopila y analiza datos del gobierno federal.
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