En un giro inesperado, la administración del presidente Donald Trump ordenó este lunes la suspensión temporal de todas las obras de seguridad fronteriza dentro del Parque Nacional Big Bend, ubicado en la frontera sur de Texas. El anuncio fue realizado por el comisionado de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), Rodney Scott, tras semanas de una intensa ola de protestas sociales, demandas judiciales de colectivos ecologistas y una inusual presión política de carácter bipartidista.
La paralización de la maquinaria pesada representa una de las pocas concesiones que la Casa Blanca ha otorgado en uno de sus proyectos de infraestructura más ambiciosos y polémicos.
Presión política bipartidista y ofensiva judicial
El comisionado Rodney Scott confirmó mediante un video publicado en la plataforma X que la decisión responde a la necesidad de realizar una inspección directa sobre el terreno y mantener reuniones con las autoridades comunitarias. La resistencia al megaproyecto unió a legisladores de distintas bancadas; el senador republicano por Texas, John Cornyn, llegó a enviar una carta formal de queja al secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, argumentando que la geografía accidentada del parque ya funciona como una “barrera natural” y advirtiendo que las obras ponían en grave peligro la economía turística de la zona.
Al frente político se le suma un activo frente judicial en los tribunales federales. Organizaciones ambientalistas y el Distrito de Desarrollo de Presidio han interpuesto al menos cuatro demandas con el objetivo de congelar los contratos de forma definitiva, denunciando violaciones constitucionales al haberse omitido las normativas básicas de protección ecológica.
Un plan de miles de millones de dólares en el desierto
El proyecto de seguridad fronteriza en el sector de Big Bend forma parte de una partida presupuestaria de 46,500 millones de dólares aprobada por el Congreso en julio de 2025. Aunque la CBP ha reiterado que no se contempla erigir un muro de acero tradicional de 30 pies en el corazón del parque, el plan en desarrollo —valuado en más de 7,000 millones de dólares— incluye:
- Un contrato de 1,700 millones de dólares adjudicado directamente sin licitación competitiva para intervenciones específicas en la reserva.
- La construcción de más de 320 kilómetros (200 millas) de caminos de vigilancia para el patrullaje de los agentes.
- El uso de dinamita para la remoción de tierra en zonas de topografía escarpada cercanas al icónico Cañón de Santa Elena y la Montaña Mariscal.
- La instalación de 27 kilómetros de barreras vehiculares, acompañadas de torres de iluminación, sensores y cámaras de alta tecnología.
Alerta por daños ambientales y culturales irreversibles
Los defensores del medio ambiente y las empresas turísticas que operan en las inmediaciones del Río Grande han denunciado que la entrada de las excavadoras ya ha provocado la pérdida de vegetación desértica nativa que tardará décadas en recuperarse. Asimismo, advierten sobre la alteración de los corredores migratorios de especies protegidas como el oso negro, el borrego cimarrón y el puma.
A las alertas ambientales se añaden los reclamos de comunidades indígenas locales, como la tribu Lipan Apache, quienes acusan al Gobierno de dañar de manera permanente sitios arqueológicos y zonas sagradas de oración enterradas en el territorio del parque nacional.
