Una coalición de 25 estados de EE. UU. interpuso una demanda contra el gobierno de Donald Trump ante la Corte de Comercio Internacional. La querella busca frenar los nuevos aranceles de entre el 10% y el 12.5% aplicados a unos 60 socios comerciales. Los demandantes califican la medida de ilegal y acusan a la Casa Blanca de cometer un abuso de poder.
La demanda argumenta que el gobierno utilizó el combate al trabajo forzoso como un pretexto para revivir aranceles previamente bloqueados. El bloque judicial, liderado por California y Nueva York, asegura que el decreto intenta evadir un fallo de la Corte Suprema que invalidó el uso de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA). Además, denuncian que la investigación de la Oficina del Representante Comercial (USTR) fue acelerada de forma irregular a solo dos meses y medio.
Por su parte, la Casa Blanca defendió la legalidad de los impuestos bajo la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974. El portavoz gubernamental afirmó que los bienes producidos con trabajo forzado constituyen una práctica comercial desleal que perjudica al mercado laboral estadounidense. Los estados advierten que el arancel afectará al 99.4% de las importaciones y disparará la inflación para los consumidores.
